La baja del riesgo país que ya se ubica en 800 puntos básicos, es decir, 300 puntos por debajo de hace exactamente un mes, es sin duda la mejor medida de la ola de optimismo que se sostiene en el mercado financiero respecto de la Argentina. Sobre el éxito del blanqueo, cuyos dólares alimentan de manera indirecta la oferta de divisas del Banco Central y le permitieron, por ejemplo, comprar ayer USD 245 millones, se montó una seguidilla de buenas noticias, algunas mérito de la gestión económica, como la baja de la inflación a su menor nivel en tres años, otras de la gestión política y algunas más simplemente producto de la buena suerte. Entre los méritos de la política, se destaca el logro del Gobierno en evitar que el Congreso rechace el DNU que introduce modificaciones a la ley de administración financiera para una eventual renegociación de la deuda en dólares.
En el tercer grupo, para nada menor, puede inscribirse no sólo el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos sino también la designación de Marc Rubio al frente del Departamento de Estado, lo que hace suponer una mirada preponderante sobre la región con particular vínculo con la Argentina. El combo plantea un escenario casi inmejorable para el presidente Javier Miel, lo que se plasma en la confianza que empieza a crecer entre los inversores según la reducción de la tasa de riesgo.
Sin embargo, la alegría todavía no es total. De hecho, a pesar de la drástica caída del riesgo país en las últimas semanas, el acceso al crédito para la Argentina sigue completamente vedado. Más aún, para recuperar el financiamiento internacional a tasas de un dígito, es probable que deba transcurrir otro año en el que deberán confirmarse dos variables al mismo tiempo. Por un lado, el spread de los bonos argentinos deberá seguir bajando hasta ubicarse al menos en el rango de los 500 a 400 puntos básicos. En simultáneo, el proceso iniciado por la Reserva Federal de reducción de la tasa de interés norteamericana tampoco debería ser interrumpido. Según ese sendero, hacia fin del próximo año, las sucesivas bajas dejarán la tasa en el rango de 3.75% - 4% anual. En esas condiciones, el Gobierno podría emitir deuda nuevamente después de casi 8 años fuera de los mercados a una tasa entre 8% y 9% anual. En otras palabras, todavía queda un largo trecho por recorrer.
Esa es, incluso, la propia expectativa del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en una entrevista en el Financial Times hace pocas semanas remarcó que los planes para volver al mercado esperan hasta entrado 2025. De hecho, la gran apuesta oficial del ministro para garantizar el pago de los próximos vencimientos de deuda es, básicamente, postergarlos. Es decir, tras haber reunido los dólares necesarios para afrontar el próximo pago de Bonares y Globales, el próximo 9 de enero, el plan de Economía apunta a un canje voluntario de títulos en el que se ofrecería un mayor rendimiento a cambio de plazos más extensos de pago. Sin contar los pagos de enero que ya están cubiertos, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por unos USD 7.000 millones, lo cual no representa una obstáculo insalvable durante el próximo año. No es un obstáculo insalvable pero, a partir de ese momento, los vencimientos acumulan unos USD 10.000 millones por los siguientes dos años para volver a aumentar en 2028.
De ahí que la norma que algunos legisladores de la oposición buscaron bloquear resulta indispensable para obtener ese oxígeno en el plano financiero.
Claro que la baja del riesgo país no sería la única condición que debería atender el Poder Ejecutivo para activar un retorno al mercado internacional. La acumulación de reservas y, por supuesto, el sostenimiento del superávit fiscal son los dos requisitos preexistentes sine qua non.
