El Centro de Convenciones de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, podría ser el escenario del próximo paso en la negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional hacia un acuerdo nuevo. La conducción del equipo económico viajará a esa ciudad para acudir a la primera reunión preliminar del G20, una instancia a la que también suele presentarse la plana mayor del organismo, por lo que la expectativa estará puesta en un nuevo contacto que acelere las tratativas.
El presidente Javier Milei consideró este lunes que al acuerdo solo “le falta el moño”, para dar a entender que la concreción de un programa financiero nuevo que incluya desembolsos adicionales para reforzar al Banco Central está cerca. No hubo por el momento señales desde el Fondo Monetario que indiquen la cercanía inminente de un entendimiento.
El ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili encabezarán la comitiva argentina en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de ese foro internacional. El año pasado este primer encuentro, también en febrero, tuvo lugar en San Pablo y fue el episodio en que se tuvo lugar una foto entre Caputo y la directora gerente Kristalina Georgieva tras un primer encuentro en el Foro de Davos. También lo fue con la entonces secretaria del Tesoro norteamericana Janet Yellen, que dio en aquel momento un primer apoyo de la Casa Blanca al programa económico.
Podría ser entonces, Sudáfrica, lugar de un cara a cara con el nuevo funcionario de Donald Trump en esa oficina, Scott Bessent. En este caso, la administración norteamericana ya tiene una sintonía originaria con el gobierno libertario, y el Poder Ejecutivo apuesta a que eso sea una carta a favor cuando la negociación llegue a zona de definiciones.
Caputo evitó brindar precisiones sobre la negociación, pero rechazó las versiones y especulaciones del mercado que sostenían que las discusiones con el organismo internacional incluían como condición para nuevos desembolsos medidas como una devaluación abrupta o la eliminación rápida de las restricciones cambiarias.
Sus declaraciones parecieron dirigirse, por un lado, a informes de Wall Street que planteaban ese escenario y, por otro, a cuestionamientos internos dentro del propio organismo. En un reciente informe vinculado a la evaluación Ex Post del programa Extended Fund Facility (EFF) iniciado en 2022, el FMI ya había señalado los puntos que marcaban diferencias entre el organismo y el Gobierno respecto de la orientación de la política económica tras el primer año de gestión libertaria.
“Para allanar el camino hacia la recuperación del acceso a los mercados será necesario adoptar una estrategia creíble para desmantelar los controles cambiarios, una mayor flexibilidad cambiaria y un papel más significativo de la política monetaria”, indicaron en ese momento los técnicos del FMI. La preocupación principal del organismo parecería ser, a esta altura, la recomposición de las reservas del BCRA.
“La fuerte acumulación de reservas cambiarias durante 2024 reflejó la devaluación gradual del 120% en diciembre de 2023, la flexibilización de las condiciones de sequía y la amnistía (blanqueo) fiscal. Al mismo tiempo, la presencia de amplios controles cambiarios (que será necesario desmantelar para aliviar las distorsiones y recuperar el acceso a los mercados de capital) y la apreciación del tipo de cambio real como resultado de la preservación de un tipo de cambio de paridad lenta podrían dificultar la acumulación continua de reservas cambiarias”, apuntó el equipo técnico en otro tramo del informe.
En una entrevista con A24, Milei hizo algunas referencia a la marcha de las conversaciones con el FMI. Ante una consulta sobre si el organismo pide al Gobierno modificaciones al esquema cambiario, el presidente solo respondió que “la política monetaria es soberana, la política fiscal es soberana”, pero continuó con una larga parrafada de críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Ante una repregunta sobre el contenido de las negociaciones, Milei dijo que incluirá fondos frescos y que no aumentará la deuda neta sino que implicará un cambio de acreedor, porque el dinero que enviaría el FMI sería destinado a cancelar letras intransferibles que el Tesoro emitió hacia el Banco Central, lo que podría utilizado como argumento para saltear la discusión en el Congreso.
La ley de sostenibilidad de la deuda pública (conocida como la “Ley Guzmán”) sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, prevé que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario necesita pasar primero por el Congreso nacional. Cerca del ex ministro que impulsó esa norma aseguran que el espíritu de la ley no diferencia si hay endeudamiento neto o no. “Con ese criterio, tampoco requiere aprobación del directorio del FMI. Misma lógica. Un sinsentido total”, afirmaron cerca suyo.
Por lo pronto, la portavoz del organismo, Julie Kozack en su última intervención pública informó que las conversaciones continúan entre los técnicos del FMI y los funcionarios del Poder Ejecutivo luego de terminada la misión oficial del staff la semana pasada en Buenos Aires. “El nuevo programa apuntará a aprovechar los avances logrados hasta ahora y, al mismo tiempo, abordar los desafíos pendientes que enfrenta el país”, dijo Kozack.
En ese sentido, dijo que “se siguen manteniendo conversaciones constructivas y frecuentes” y planteó que “para mantener los avances iniciales” (en términos de mejoras macroeconómicas), “existe un reconocimiento compartido entre el personal del FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se avanza en las reformas que fomenten el crecimiento”, consideró.
