En el marco de las auditorías llevadas a cabo por el Gobierno, el Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) tras detectar variadas irregularidades en la gestión del mismo.
Se trata de una estructura que financiaba obras de infraestructura eléctrica en Argentina, cuyos fondos provenían del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Había sido creado en 1999 por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de financiar obras para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, particularmente en alta tensión. Particularmente, apuntaba a proyectos que estuvieran destinados “al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas, teniendo por fin la mejora de la calidad del servicio junto a una mayor seguridad de la demanda”.
Pero después de una serie de observaciones realizadas por organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, que cuestionaron la eficacia y la gestión del fondo, el Poder Ejecutivo determinó avanzar con la reciente medida, bajo el decreto 234/2025.
Según el escrito publicado en el Boletín Oficial, cuyas firmas pertenecen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo -en cuya cartera se llevaba a cabo la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios-, la SIGEN “elaboró un Informe de Auditoría Especial en el que formuló observaciones sobre el funcionamiento”, que apuntan al incumplimiento sistemático al “Reglamento de Contrataciones CAF”.
Dentro del listado de irregularidades detectadas, mencionó la inexistencia de “manuales o instructivos internos formalizados que describan, de modo íntegro, la totalidad de las operatorias realizadas por el referido fondo”, y la falta de “un sistema integral de gestión y registro de la información financiera”, lo cual no permite que exista un adecuado control de los fondos que se destinaron a cada una de las obras.
También, destacaron el incumplimiento de normativas relacionadas con las contrataciones, demoras significativas en la ejecución de las obras, provocando incrementos en los costos y ajustes en los precios; y un aumento desproporcionado del personal a cargo del fondo.
En este último punto, la normativa argumentó bajo el artículo 147 de la Ley N° 11.672 “que los fondos fiduciarios públicos no podrán contar con estructura de personal permanente y temporario a su cargo, siendo necesario que los recursos humanos que realicen las tareas necesarias integren las plantas de personal de las Jurisdicciones y/o Entidades de las cuales dependen los citados fondos fiduciarios”. Los organismos encargados de las auditorías detectaron un salto en la nómina que pasó de 9 personas en enero de 2023 a 45 en diciembre del mismo año.
Por estas razones y una serie de indicadores que fueron considerados injustificados en el marco de la misión del fondo, el decreto indicó que “resulta claro que los gastos operativos referidos efectuados por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) no hacen al cumplimiento de su objeto y resulta un desvío infundado”.
Este decreto de disolución no solo responde a los problemas administrativos, sino también a la necesidad de una reestructuración más profunda en la gestión pública de los fondos destinados a la infraestructura energética. En este sentido, la medida indica que es “indispensable establecer que el 19,86% de lo recaudado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica deberá ser afectado a las obras que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía identifique como de ampliación” del mencionado sistema de alta tensión al que apuntaba el fondo fiduciario.
A su vez, el rol de comitente en los contratos de obra serán asumidos por la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti.
Esta disolución se alinea con los principios establecidos en la Ley N° 27.742, que otorgan al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de modificar, transformar o disolver los fondos fiduciarios públicos, siempre que se garantice la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos. La medida publicada en horas de la madrugada de este lunes, se suma a las anteriormente tomadas por el gobierno del presidente Javier Milei.
Los últimos que habían sido disueltos eran el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, debido a condiciones de irregularidad detectadas, como lo fue el caso del FFTEF. De esta manera, el número de fondos que dejaron de existir asciende a más de siete.
