El Gobierno aseguró ante el FMI que presentará después de las elecciones legislativas una propuesta de reforma tributaria para modificar algunos aspecto del sistema impositivo, principalmente por la vía de reducción de la cantidad de impuestos con la eliminación de algunos que tienen peso menor en la recaudación, la “armonización” de alícuotas diferenciadas de IVA y una baja del gasto tributario por regímenes especiales que afecta a la recaudación.
La idea de un proyecto de ley ante el Congreso para modificar el sistema impositivo ya había sido explicitada anteriormente por el presidente Javier Milei y por funcionarios del equipo económico, y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario la semana pasada pone de manifiesto que ese paso formará parte de la hoja de ruta de reformas estructurales que guiará el plan económico en lo sucesivo.
A diferencia de las metas cuantitativas -como reservas o superávit primario- no son objetivos obligatorios que definan el envío de desembolsos, pero sí implica una referencia de medidas que el Poder Ejecutivo asegura que llevará adelante, con plazos determinados. Tal como explicó Infobae, los primeros puntos de esa agenda -de once en total- involucran al plan de privatización de empresas públicas y eliminación de la mayoría de los fondos fiduciarios. Pero también incluyen reformas en impuestos, en regulaciones laborales y previsionales. Este último punto tiene como fecha de referencia recién a fines del 2026.
Por lo pronto, respecto al sistema tributario, el documento que publicó el FMI tras anunciar el nuevo programa incluyó un diagnóstico detallado del esquema vigente y planteó lineamientos para una futura reforma. El personal técnico del Fondo elaboró un análisis crítico, mientras que en otro tramo los funcionarios argentinos asumieron el compromiso de avanzar con una propuesta integral de rediseño del esquema impositivo para fines de 2025.
En un apartado del informe, el staff del FMI sostuvo que “el sistema tributario de Argentina sigue siendo excesivamente complejo y distorsivo, con una carga general que obstaculiza el crecimiento y la competitividad”. Según el documento, en el país existen más de 155 tributos, lo que aumenta las cargas administrativas, aunque solo seis de ellos –Ganancias, contribuciones a la seguridad social, IVA, impuesto a los débitos y créditos, derechos de exportación e ingresos brutos– concentran más del 80% de la recaudación total.
El staff destacó además que la estructura tributaria exhibe una elevada dependencia de impuestos indirectos, que representan más de la mitad de la recaudación total, lo que “reduce la progresividad del sistema”. En ese sentido, señaló que el diseño actual limita la equidad y la eficiencia del sistema fiscal. También advirtió que “la naturaleza federal del sistema tributario añade desafíos de coordinación, afectando su previsibilidad y eficiencia”.
En ese contexto, los técnicos del Fondo afirmaron que “Argentina requiere una reforma sustancial de su sistema tributario para reforzar el ancla fiscal, al tiempo que mejore la eficiencia y la equidad”. A modo de lineamiento general, propusieron avanzar hacia una simplificación del sistema, con una mayor preponderancia de tributos directos mejor administrados y una reducción paulatina de los impuestos considerados más distorsivos.
En ese marco, el informe del equipo técnico señaló que una reforma con impacto fiscal neutro debería “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre exportaciones y transacciones financieras, reemplazándolos por tributos directos más simples y mejor administrados a hogares y empresas”, lo que se interpreta como una referencia a los derechos de exportación y al impuesto a los débitos y créditos, conocido como el impuesto al cheque.
Además, recomendó armonizar la tasa del monotributo, mejorar la transición de pequeños contribuyentes al régimen general y simplificar sustancialmente el impuesto a las ganancias, lo que incluiría “menores tasas legales junto con la racionalización de deducciones, exenciones y abusos en la transferencia de beneficios”.
También mencionó que en otro niveles -provincial y municipal- deberían existir modificaciones en los esquema recaudatorios, aunque la Nación tenga menor poder de decisión. “A nivel provincial, se deben eliminar gradualmente los impuestos provinciales que distorsionan el patrimonio y se debe priorizar la mejora de la valoración de los activos inmobiliarios y territoriales (incluidos los de los grandes productores agrícolas), entre otras medidas, mediante el fortalecimiento de los registros de activos existentes. La tributación de los recursos energéticos y mineros requiere mayor estudio y coordinación, especialmente considerando los incentivos ya existentes en el marco del régimen RIGI”, apuntó el FMI.
Por su parte, en un apartado del memorando con consideraciones de los funcionarios argentinos, el Gobierno confirmó que ya se encuentra en desarrollo una propuesta de reforma estructural. Según el documento, “se están desarrollando esfuerzos para una ambiciosa reforma tributaria con impacto fiscal neutro que elimine gradualmente los impuestos más distorsivos (al comercio y transacciones financieras), reduzca el gasto tributario ineficiente (otorgado a ciertos grupos y regiones) y simplifique significativamente el sistema”.
Los funcionarios ratificaron que el plan contempla “la armonización de las alícuotas del IVA y una racionalización generalizada del gasto tributario, lo que también permitirá eliminar gradualmente los impuestos distorsivos al comercio y las transacciones financieras”. En esa línea, afirmaron que “la propuesta de reforma se compartirá con el personal del Fondo (diciembre de 2025) y su implementación, que requerirá aprobación legislativa, debería comenzar a más tardar en 2026″.
El documento señaló que la reforma tributaria se enmarca dentro de los compromisos asumidos en el programa económico y se vincula con los esfuerzos por estabilizar el frente fiscal sin aumentar la presión impositiva total. “Desarrollaremos y, en el momento oportuno, compartiremos con el personal del Fondo una propuesta integral de reforma tributaria con impacto fiscal neutro que simplifique el sistema mediante la reducción drástica del número de tributos (objetivo para diciembre de 2025)”, concluyó en el documento el equipo económico.
