Jubilaciones: el Gobierno buscará dar el primer paso en el Congreso para discutir una reforma previsional

El oficialismo podría dar un primer paso esta semana para avanzar hacia una reforma jubilatoria. Un proyecto de ley presentado por diputados de La Libertad Avanza y el PRO y que podría votarse en el recinto este miércoles busca crear una comisión especial para que trabaje en lo que resta del año en un anteproyecto de cambio integral del esquema previsional, un compromiso que la Casa Rosada fechó en 2026 en su cronograma de medidas acordada con el FMI.

Este miércoles se debatirán en la cámara baja once proyectos con dictamen de comisión y que apuntan a reformar algún aspecto puntual del sistema, ya sea los bonos complementarios congelados desde el año pasado en 70 mil pesos, el regreso de las moratorias o un esquema nuevo para aquellos que llegan a edad jubilatoria sin tener los 30 años de aporte obligatorios.

Un análisis del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) mencionó que de esos once proyectos solo uno contempla fuentes de financiamiento y que hay otro, del bloque de izquierda, que postula una reforma más integral. Ese centro de estudios viene trabajando en una propuesta propia que ya fue elaborada y conversada con el Gobierno nacional y bloques parlamentarios.

El proyecto de ley en cuestión, que tiene las firmas de diputados como José Luis Espert, Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch y otros originarios del PRO como Diego Santilli, Laura Rodríguez Machado o Silvana Giudici, establece la creación de una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino “con el objeto de estudiar, analizar, y proponer al Honorable Congreso de la Nación, un proyecto de ley que comprenda la reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones”.

Esa comisión estaría integrada por los presidentes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social de Diputados y del Senado (la radical Gabriela Brouwer y Carmen Álvarez Rivero del PRO, respectivamente), un funcionario del Ministerio de Economía, uno de la Secretaría de Trabajo y otro de Anses.

El articulado del proyecto del Gobierno plantea ocho objetivos para la reforma previsional:

a) Simplificar el sistema vigente, preservando la equidad intergeneracional y la sostenibilidad financiera de largo plazo;
b) Presentar un esquema de beneficios compatible con los ingresos efectivos del sistema, sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas;
c) Mantener los niveles de cobertura de programas sociales vinculados a la seguridad social, asegurando que sus valores no se encuentren por debajo de los umbrales básicos de necesidades alimentarias;
d) Concluir e integrar el registro unificado de beneficiarios y contribuir al desarrollo de indicadores sociales para optimizar la asignación de recursos;
e) Suprimir los regímenes de privilegio, contemplando únicamente aquellos que, únicamente en función de criterios económicos, objetivos y sustentables, sean de real excepción;
f) Quitar las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente de la Nación;
g) Promover la transferencia de las Cajas Previsionales que aún se encuentran en la órbita de las provincias a un sistema nacional único e integral de seguridad social;
h) Garantizar que toda medida propuesta incluya su correspondiente estimación de impacto económico y fiscal.
La reforma que viene
El Gobierno aún no dio pistas en público respecto a cuál será el contenido de la reforma previsional en la que trabaja, aunque le aseguró al FMI que la propuesta integral debería ser compartida ante los técnicos del organismo. El mismo Fondo Monetario señaló a la reforma jubilatoria como una de las necesarias para la economía argentina.

Desde Cippec interpretan que esta instancia de discusión sobre el sistema integral parte de un contexto político con vocación reformista y con sectores de la oposición abiertos a discutir cambios estructurales. También mencionan que incluso espacios tradicionalmente más duros reconocen la necesidad de una reforma, lo que genera una ventana de oportunidad. Según Rafael Rofman, Investigador principal de Protección Social de ese think tank, se percibe un “consenso de que hay que hacer algo”.

El sistema tiene problemas por todos lados, aunque tiene mucha cobertura. Es muy caro: 9,5% del PBI. Es el doble que Bélgica, que tiene el doble de adultos mayores, y también el doble que Costa Rica, que tiene la misma proporciones de adultos mayores. Hay mucha inequidad, en parte por los regímenes de excepción, y es ineficiente”, destacó Hofman ayer en Infobae en Vivo.

“Tenemos 2,8 millones de personas con beneficios previsiones de menos de 65 años, sobre un total de 8 millones de beneficiarios (jubilados, pensionados, etc.)”, destacó el especialista y volvió remarcar el impacto de los regímenes especiales, muchos de ellos provinciales, otros que requieren leyes para cambiarlos, los esquemas docentes, nacionales y provinciales, etc.

“Hay un montón de gente que se jubila a los 50. A mí no me da la cara para discutirle seriamente con alguien, para decirle que se tiene que jubilar a los 65, cuando al lado hay uno que se jubila a los 50”, explicó.

Desde la perspectiva de Cippec, la inflación redujo el gasto jubilatorio en términos reales en los últimos años, pero a partir de 2025 ese gasto comenzará a crecer nuevamente por la aplicación automática de la fórmula de movilidad. La propuesta propia de Cippec busca adelantarse a ese escenario, en un momento donde el clima social acompaña y las condiciones políticas resultan más propicias. “Queremos ponerle números a esta propuesta”, señalaron, y destacaron que la reforma planteada sería “fiscalmente un poco más barata” a largo plazo, aunque más elevado de inmediato.

Uno de los elementos subrayados es la renovación generacional dentro del sistema previsional. Se sostuvo que los haberes iniciales no son especialmente bajos: quienes acceden hoy al beneficio cobran montos que equivalen al 60% o 70% de su salario. El problema central estaría en las normas de movilidad, que deterioraron el poder de compra a lo largo del tiempo. “Alguien que se jubiló en 2017 perdió mucha plata, el que se jubiló hace un mes no sufrió todo ese deterioro”, comentó.

La propuesta integral ya fue conversada con organismos internacionales, el Gobierno, los principales bloques de diputados y sectores empresariales y aseveran que el diagnóstico general es receptivo. Las dudas están menos vinculadas con el contenido que con los tiempos políticos. “En este tema, si no hay acuerdos, es muy fácil que te griten genocida de adultos mayores o degenerado fiscal”, advirtieron, en alusión a la sensibilidad de ese debate. Por eso, subrayan la importancia de generar consensos antes de avanzar.

La propuesta de Cippec incluye cambios en cuatro ejes: los regímenes de excepción; en la jubilación por vejez; en las pensiones por fallecimiento e invalidez y esquema de movilidad. El objetivo es alinear las prestaciones con la capacidad financiera del sistema para evitar el uso de recursos sin respaldo suficiente. Las medidas propuestas no afectarían a los beneficiarios actuales, pero hacia adelante generarían una suba relativa en los ingresos de aproximadamente el 80% de los aportantes activos y una baja relativa para el 20% restante.

Además, la propuesta contempla una revisión de los criterios de acceso a beneficios para personas con menos de 30 años de aportes, con esquemas proporcionales y el uso de la PUAM como base mínima.

Por lo pronto, en la agenda parlamentaria hay 17 proyectos en debate y 11 dictámenes vinculados a tres ejes: el valor de los haberes y el bono adicional; las prestaciones para quienes no reúnen 30 años de aportes; y la elaboración de un proceso de reforma integral. Todos estos proyectos serían debatidos en sesión de Diputados este miércoles.

Uno de los dictámenes de mayoría (de Unión por la Patria) propone un aumento de 7,2% a partir de la sanción de la ley más un bono de 115.000 pesos y una nueva fórmula de movilidad atada al índice de precios al consumidor. Respecto de la moratoria previsional, el dictamen de mayoría propone extenderla por dos años y habilitar el acceso a PUAM desde los 60 años en el caso de las mujeres.