El litigio en Estados Unidos por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo este lunes, con la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes. La medida, que apunta a saldar la deuda derivada de la expropiación, generó un fuerte impacto en el mercado local y volvió a evidenciar la magnitud de un conflicto judicial que amenaza con profundizar la fragilidad económica del país.
El caso se transformó en uno de los juicios más costosos para el Estado nacional, con reclamos que superan los USD 17.000 millones sumando intereses y costos legales. La decisión no solo marca un nuevo revés en la larga pelea judicial por la expropiación dispuesta en 2012, sino que abre interrogantes sobre la forma de cumplimiento, los plazos y las consecuencias políticas y económicas.
El mercado reaccionó con fuertes bajas en bonos y acciones argentinas, mientras el dólar financiero superó los $1.200 en algunas cotizaciones. En medio de negociaciones con organismos internacionales, un programa de ajuste fiscal y el desafío de sostener las reservas del Banco Central, el fallo se convirtió en un nuevo frente de presión para la administración. Ayer, las acciones de YPF se derrumbaron hasta 5,7% en la Bolsa local y si bien apenas se conoció la noticia, los ADR cayeron 8%, finalmente YPF quedó a USD 31,54, con una caída de 5,6 por ciento, en Wall Street.
El litigio, iniciado en Nueva York, expone las consecuencias de una decisión política adoptada durante la gestión de Cristina Kirchner en 2012. En aquel momento, el Congreso sancionó la ley que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. El Estado avanzó en la expropiación sin cumplir con el estatuto de la petrolera, que obligaba a lanzar una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas minoritarios. Esa omisión fue el fundamento del juicio que ahora llega a esta etapa clave.
A continuación, las claves para entender el escenario actual:
El origen del conflicto: el Estado argentino expropió en 2012 el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol, invocando razones de interés público. La ley aprobada en el Congreso permitió al Gobierno avanzar con la operación, pero ignoró las reglas internas de la compañía, que establecían condiciones para proteger a los accionistas minoritarios mediante una oferta pública obligatoria.
Quiénes son los demandantes: el principal beneficiario de fallo condenatorio es Burford Capital, un bufete inglés que adquiere derechos de litigio en este tipo de demandas y lleva adelante los procesos judiciales, muchas veces por largos períodos, con el objetivo de conseguir sentencias a su favor. Por ese accionar, muchos los comparan con un “Fondo buitre”, aunque técnicamente no lo sean.
El rol de Burford Capital: este estudio adquirió los derechos de litigio hace más de 10 años, con el objetivo de accionar contra el Estado argentino y obtener un resarcimiento mucho mayor. Con estrategias agresivas en tribunales, consiguió fallos favorables en todas las instancias hasta ahora.
El monto reclamado: el fallo de primera instancia de Preska fue por un total de USD 16.000 millones. Desde ese momento, comienzos de 2023, corren intereses de unos 2,5 millones de dólares por día, configurando así un total superior a los USD 17.000 millones. Es la causa judicial más onerosa de la historia contra el Estado argentino.
La sentencia de Preska: la jueza ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones expropiadas a los demandantes. Dispuso un plazo de 15 días para el cumplimiento.
Respuesta del Gobierno: las autoridades argentinas confirmaron que apelarán la decisión, buscando frenar la ejecución inmediata. Preska podría pedir garantías monetarias o de activos para aceptar la apelación. Si no, el tema lo tomará una cámara de apelaciones
Cómo sigue el proceso: En paralelo cursa otra apelación, la de la cuestión de fondo del caso, el fallo multimillonario. La Argentina aún puede recurrir a la Corte de Apelaciones de Nueva York y, eventualmente, a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las chances de revertir la obligación se consideran muy limitadas.
Otras demandas internacionales: además del conflicto por YPF, el Estado enfrenta litigios internacionales por alrededor de USD 4.500 millones. Son reclamos derivados de contratos energéticos, deuda pública y arbitrajes en el Ciadi. Estas obligaciones, sumadas a la presión por el pago de la causa YPF, complican la estrategia financiera del Gobierno y presionan sobre las reservas del Banco Central.
Contexto económico local: la sentencia llega en un momento crítico. El Gobierno sostiene un programa de ajuste fiscal para consolidar el superávit y busca frenar la inflación. La acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria son prioridades, pero el fallo introduce un nuevo factor de incertidumbre y riesgo para la hoja de ruta económica oficial.
Repercusiones políticas: la causa reavivó la discusión política. Desde el oficialismo apuntaron a la administración de Cristina Kirchner por las formas de la expropiación y la omisión de las reglas de mercado. Desde la oposición cuestionaron la estrategia actual de defensa legal y la falta de previsión para evitar este desenlace.
