“Los decretos que tenemos que revisar son 700 mil, hay mucho trabajo por delante”, adelantó Sturzenegger tras la finalización de las facultades delegadas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, analizó el cierre del período de vigencia de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, repasó los principales ejes de la transformación estatal impulsada en el último año y adelantó los desafíos que enfrenta el gobierno tras el fin de estas atribuciones especiales.

En comunicación con Radio Mitre, Sturzenegger describió el fin de las facultades delegadas como una etapa acotada dentro de un proceso más amplio de transformación estatal. Y definió: “Lo que hacíamos con facultades delegadas era el 5% de lo que hacíamos. Las facultades delegadas es sobre un universo de unas 2 mil leyes y los decretos que tenemos que revisar son 700 mil”.

También explicó que el reciente anuncio sobre la reestructuración de Vialidad Nacional incluye su división en tres áreas para “corregir el problema estructural que tiene, que era un organismo que se controlaba a sí mismo”, en referencia a la causa judicial sobre los hechos de corrupción en esa institución.

Y anticipó que el presidente Javier Milei considera que, a partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa en la relación con el Congreso y en la agenda de reformas: “Si el Congreso apoya estas políticas, entonces podremos tener un Congreso más cercano. Y ahí es el momento para volver a cometer una agenda de reformas de otro tipo, que son las que estaban en el Pacto de Mayo. Hay mucho trabajo por delante y hay que preparar eso”.

Inicios y argumentos

El ministro se refirió al proceso iniciado hace un año y definió sus etapas como parte de una estrategia para desarticular estructuras que, según su visión, representaban un uso político del Estado. “Empezó con un emblema, que era el INADI, el emblema del uso político del Estado, un aguantadero de la casta. Y termina con la disolución de Vialidad Nacional, que es el emblema de la corrupción kirchnerista”, afirmó.

Y señaló que, entre estos extremos, se concretaron más de cien medidas. “Son 101 medidas que ayer las fuimos comunicando, que nos permiten hacer una profunda transformación del Estado y en conjunto ahorrar unos 2 mil millones de dólares, que es dinero que le devolvemos a los contribuyentes”, sostuvo Sturzenegger.

En cuanto a la utilización de las facultades delegadas, explicó que “es un atributo que da la Constitución en su artículo 76”, y remarcó su carácter temporal y acotado a materias específicas. Luego repasó antecedentes de otros gobiernos que recurrieron a estas herramientas, incluyendo los del kirchnerismo y Mauricio Macri. Y contrastó la postura del actual Ejecutivo: “Nosotros hemos sido diferentes. Javier pidió las facultades delegadas no para gobernar con ellas y sin que el Congreso no sea un elemento de control, sino para acelerar un programa de reformas que ya tenía en la cabeza”.

El ministro también cuestionó el rol del kirchnerismo en la ampliación de estructuras estatales: “El kirchnerismo creció al Estado con el concepto de armar cajas para garronear los recursos de todos nosotros. Es como un robo legal, montaron una estructura legal que les permitió apropiarse de los recursos de todos”.

El manejo de fondos fiduciarios y organismos descentralizados
Por otro lado, Sturzenegger hizo hincapié en el uso de los fondos fiduciarios como mecanismo para distribuir recursos y criticó severamente su administración anterior. Al llegar al gobierno, relató un caso puntual vinculado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego y los incendios en Chubut: “En ese entonces, Guillermo Francos (Jefe de Gabinete de la Nación) dijo que vayamos al Fondo Fiduciario del Fuego para que contratemos los aviones hidrantes y, cuando fueron, no había quedado un sope. El kirchnerismo lo había gastado todo en sueldos para gente de Télam”.

El ministro afirmó que todos los fondos analizados presentaron irregularidades de manejo: “No encontramos un solo fondo que no hubiera sido saqueado”. Es por eso que destacó el rol de dos funcionarios del Ministerio de Economía, Carlos Guberman y José García Hamilton, quienes se valieron del artículo 5 de la Ley Bases para promover el cierre de estos instrumentos y avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión estatal.

autofinanciación que, a su juicio, incentiva prácticas burocráticas: “Estos instrumentos duplican la estructura burocrática. Y lo más problemático es que tiene un incentivo a inflar los trámites porque para buscar el autofinanciamiento te cobran. Algunos te cobran un certificado y, en vez de ponerlo en la web, te obligaban a ir a retirarlo y te cobraban los duplicados y triplicados”.

El ministro sostuvo que cada trámite estatal puede representar una dificultad inesperada para los ciudadanos y, en ocasiones, para las empresas: “Mucho menos es el riesgo del mercado de afrontar la competencia que enfrentar al Estado”.

Sobre la reacción empresaria frente a la burocracia, consideró: “Es cierto que muchas veces estas burocracias operan como una restricción a la competencia. La regulación es antiPyMe”.

“La crueldad es un Estado grande”
Consultado por las críticas al ajuste, Sturzenegger enfatizó su visión sobre el impacto de una estructura estatal sobredimensionada: “La crueldad es un Estado grande, que financia ñoquis, usa el poder autoritario del Estado para ordenar que te paguen por algo que lo van a usar para ellos mismos. El Estado grande es el ajuste porque el Estado grande es la obligación del individuo de pagar ese Estado Grande”.

Asimismo, resaltó que el malestar social por la presión tributaria fue uno de los impulsores de las demandas de cambio: “La gente está podrida de pagar tantos años por un Estado que no le da nada”.

En el mismo sentido y como consecuencia, remarcó la emigración de argentinos en la última década: “En los últimos 10 años, hasta 2023, se fueron 2 millones y medios de argentinos. Se fueron los jóvenes, los hijos de la clase media y los hijos de los ricos. La sociedad dijo: ‘O hay un cambio drástico o visitamos a nuestros nietos por Zoom’”.

Fútbol, Ley de Tránsito y la industria del juicio laboral

Al ser consultado sobre el fútbol, Sturzenegger aseguró que la mayoría de los clubes respaldan la posibilidad de atraer capital privado siempre que los socios lo aprueben.

En este punto, criticó las figuras del expresidente, Eduardo Duhalde, y el exministro de Economía, Sergio Massa, por haber creado una figura fiscal especial para el sector, que paga “menos impuestos de los que debería”.

Sobre el proceso de reformas en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el ministro reconoció avances y dificultades: “Algunas han avanzado, pero en otros también nos cuesta arrancarlas. No hay resistencia, hay que poner los sistemas a funcionar y nos está costando un poquito más hacerlo”.

Además, abordó la reciente reglamentación del código de tránsito, que permite a cualquier concesionario realizar la verificación técnica vehicular: “El esquema anterior era que los gobiernos solicitaban a alguien para que diera el servicio y eso en ningún lugar del mundo es así. En la reglamentación que hicimos de la ley de tránsito que hicimos es que cualquier concesionario está habilitado para hacer la revisión técnica obligatoria”.

Respecto a la adhesión de las provincias a esta normativa, indicó que la misma otorga flexibilidad para que estas elijan el grado de aplicación. “Las provincias adhieren, pero no a ese tramo; y en nuestra campaña electoral será nuestro caballito de batalla. Somos de un espacio político que tenemos como centro a la gente y pensamos en cómo resolverle sus problemas y hacerle la vida más fácil. Y nuestra propuesta en la provincia será esa, de bajar el gasto para bajar los impuestos”.

Por último, y en relación con las leyes laborales, Sturzenegger subrayó que la reciente reforma incluyó una cláusula que otorga libertad a trabajadores y empresas para acordar los mecanismos de indemnización en los convenios colectivos, aunque hasta el momento ningún sector avanzó con su implementación.

Es por eso que indicó que algunas organizaciones gremiales y empresarias exploran alternativas que buscan reducir el costo del litigio: “Las empresas y a los gremios les interesa. Hay varios grupos empresarios que están pronto a sacarlos, como el sector rural, el gremio de los empleados de seguridad y gastronómicos. Vamos a tener novedades muy pronto”.