La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo descentralizado y planean transformarlo administrativamente en un área que la cartera de Lugones pueda monitorear
POLITICA26 de agosto de 2025
La Casa Rosada está evaluando hacer cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado por el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, que acusó un presunto entramado de coimas de funcionarios con la droguería Suizo Argentina.
“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, afirmó una alta fuente de la cúpula presidencial. Esta intención se habría acelerado y tomado en cuenta en los últimos días.
La ANDIS, tal y como se conoce hoy en día, se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. En ese entonces se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
¿Qué implica que tenga esa naturaleza? Que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Como componente adicional, organismos como la ANDIS son quienes elaboran sus trámites licitatorios, siendo responsables del denominado “Servicio Administrativo Financiero” de estos procesos. Este es el mismo caso que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Hasta la semana pasada, la administración de Diego Spagnuolo inició 31 procesos licitatorios, según se desprenden de datos del portal Comprar. El mismo día en el que se echó al entonces titular, se implementó una decisión igual con Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS y un amplio conocedor de los procesos y convenios para la compra de medicamentos y otros insumos.
Por su carácter de organismo descentralizado, los funcionarios sanitarios no podían ver la composición ni el desarrollo de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, indican en el Gobierno. Esto sucede por el decreto publicado el viernes pasado que dispone la intervención y le otorga facultades de gobierno y administración al nuevo funcionario encargado de esa tarea, Alejandro Vilches, hasta entonces secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Mario Lugones.
Con la llegada de Vilches, en el Ministerio de Salud sienten que por primera vez tienen a un funcionario propio bajo la administración política del organismo. Por caso, Spagnuolo no respondía ni al primer ministro de Salud de Milei, Mario Russo, ni a Lugones. Había sido una designación propiciada por el propio mandatario libertario.
Hay quienes recuerdan un caso similar al actual. A comienzos de año, Lugones determinó junto a la Presidencia de la Nación que había que intervenir la conducción del Hospital Bonaparte. El entonces director no acataba las órdenes sanitarias y se optó por esta modalidad. “Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar”, afirman.
La pregunta que circula en relación a esta decisión -proveniente de la Casa Rosada- es si el oficialismo tiene la posibilidad de hacer este cambio administrativo, algo que fue muy habitual verlo durante la vigencia de las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, las cuales ya vencieron.
Muy cerca del Presidente dicen que es posible encontrar el recoveco legal para efectuarlo. Un importante abogado administrativista que prefirió que su nombre no sea revelado indicaba a Infobae que “en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico”.
En el Gobierno afirman que cualquier irregularidad debe ser determinada por la Justicia, pero, según afirman, el Ministerio de Salud está haciendo sus propias auditorías para regularizar la situación de la Agencia, hasta ahora un territorio prácticamente deshabitado por los funcionarios cercanos de Lugones. Con este razonamiento se podría desprender que ni Spagnuolo ni Garbellini eran estimados por parte de las principales autoridades sanitarias. Cabe todavía la incógnita de para quiénes sí lo eran.
En tanto, el decreto de la intervención encomienda a Vilches a elaborar un informe de evaluación de las condiciones administrativas y funcionales del organismo. Esto es algo de lo que se conversó en una reunión en Casa Rosada ayer por la tarde entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y Lugones.
El foco de la revisión recaerá sobre el programa Incluir Salud, responsable de la cobertura médica para titulares de pensiones no contributivas. Durante su estadía de dos horas en Balcarce 50, Lugones expuso ante el asesor presidencial y el jefe de Gabinete la hoja de ruta de la auditoría. La gestión libertaria resolvió entonces revisar los contratos celebrados por la agencia en los últimos meses.
Tal y como lo publicó ayer Infobae, un allegado al proceso de auditoría explicó: “El objetivo es entrar en los detalles de ese plan, que es donde se realizaban las compras que están bajo sospecha”. El interventor de la agencia, Alejandro Vilches, firmó este lunes la orden para iniciar la revisión de todos los contratos, lo que implicó que el proceso comenzó hoy mismo.
La licitación con la empresa Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como la presunta gestora de coimas, alcanzó un monto de 78.267.474.282,95 pesos. Voceros oficiales aseguraron que se trató de un proceso abierto y competitivo, en el que la droguería compitió con Andreani, Correo Argentino y OCA. En ese marco, Andreani resultó adjudicataria del servicio de almacenamiento y preparación para vacunas, al presentar una oferta 3% inferior al precio de referencia. Por su parte, Suizo Argentina obtuvo la adjudicación para distribución de vacunas, almacenamiento, preparación y distribución de medicamentos, al ofertar un 17% por debajo del precio de referencia y menos que sus competidores.
El monto adjudicado a Suizo Argentina se factura y paga únicamente por servicio prestado, lo que significa que no necesariamente se desembolsará la totalidad del importe. De hecho, fuentes oficiales indicaron que “a casi cuatro meses del inicio del contrato (dura 24 meses), por el momento no se abonó nada”. Además, el Gobierno subrayó que solo el 6% de las compras de medicamentos del Ministerio de Salud se realizan a través de esta empresa, que opera en varias provincias y tiene más de un siglo de trayectoria.
Las autoridades nacionales aclararon que la SIGEN no intervino en el proceso de compra, ya que este tipo de licitaciones están excluidas del Control de Precios Testigo. Por ello, fue el propio Ministerio de Salud el que determinó el valor de referencia. El Poder Ejecutivo espera que la auditoría sobre los contratos y licitaciones de la ANDIS permita esclarecer los vínculos comerciales entre el Estado y la droguería, propiedad de la familia Kovalivker, durante el año y medio de gestión de Spagnuolo.
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