El ministro Federico Sturzenegger, apoyado por Luis Caputo, insiste en incluir en el proyecto oficial las restricciones a ese descuento compulsivo a los trabajadores que se destina a financiar a los sindicatos
POLITICA29 de octubre de 2025
Mientras el Gobierno promueve una reforma laboral consensuada con la CGT y los empresarios dentro del Consejo de Mayo, el mismo Gobierno busca reflotar una propuesta que estaba en el DNU 70 y que equivale a declararle la guerra a todo el sindicalismo: la limitación de las cuotas solidarias en los convenios colectivos.
El mismo Sturzenegger dio una pista cuando, al hablar en el último Coloquio de IDEA, cuestionó duramente las cuotas solidarias, a las que denominó “peajes” que, a su criterio, afectan el salario neto que perciben los trabajadores y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y en los precios al consumidor.
Tras calificar estos aportes como “impuestos privados ilegales”, explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora y puso en números el impacto de este punto: en el caso del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, se fijó una cuota solidaria equivalente al 3% del sueldo de convenio y un 4% adicional por otros conceptos, lo que representa un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador y un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.
Las cuotas solidarias son el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.
La utilización de esta cláusula se generalizó en los años 90 como una forma de compensar la caída de afiliados en las arcas de los sindicatos como consecuencia de los cambios económicos que aplicó el menemismo.
Las cuotas solidarias surgen del artículo N° 9 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, que dice: “La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención”.
De esa forma, empresarios y sindicalistas comenzaron a pactar de manera unilateral que los no afiliados a un gremio hagan un aporte al sindicato, así como lo hacen los afiliados, debido a que también son beneficiarios de los logros obtenidos por cada organización gremial. Ese aporte adicional se convirtió en una millonaria herramienta de recaudación para los gremios.
Antes de la asunción presidencial de Javier Milei, Sturzenegger logró incluir en el capítulo laboral del DNU 70 la limitación de las cuotas solidarias, algo que no formaba parte de las charlas reservadas entre Guillermo Francos y la CGT. En el artículo, se habilitaba ese pago a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Una forma de complicar al extremo el sistema que sostiene desde hace décadas el funcionamiento de los gremios.
Ese punto fue uno de los principales motivos por los cuales la CGT impugnó el capítulo laboral del DNU 70 y logró que la Justicia lo frenara. Pero el Gobierno volvió a incorporarlo en el borrador de la Ley Bases aprobado a fines de abril de 2024, pero luego de la presión sindical se eliminó del texto, junto con otros artículos, para conseguir más apoyos que permitieran su sanción.
Ahora, el ministro de Desregulación busca reflotar esa medida resistida por los sindicalistas ya que, según sus estimaciones, que fueron reproducidas por el diario La Nación, gracias a las cuotas solidarias los principales gremios recaudan casi $2 billones al año.
La profunda preocupación sindical por este tema fue reconocida en su momento por Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el gremio más numeroso del país: “Si el decreto 70 voltea (las cuotas solidarias) pone en bancarrota a todo el gremio -alertó-. “Tenemos 350 sindicatos del interior que tienen mutuales, farmacias, y 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato”.
Ahora, en medio de las versiones sobre el contenido de la reforma laboral, el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) hizo una advertencia: “Si es para retroceder, no vamos a negociar. Hasta ahora no hay ningún indicio de cuál es el borrador que pretende el Gobierno”.
Anticipó, además, que la central obrera se prepara para resistir esos cambios: “La CGT tiene que construir las mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar los avances como hasta ahora. Si eso no alcanza, generar presión política y gremial como hicimos con el DNU 70″.
Gerardo Martínez (UOCRA), el dirigente dialoguista de la CGT que participa del Consejo de Mayo, criticó en duros términos los cambios en la legislación del trabajo que impulsa el oficialismo: “La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”.
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