Desde antes de su entrada en vigor en junio de 2021, la eutanasia ha ocupado debates públicos (el más reciente, el caso de Noelia Castillo) que nos ponían cara a cara con una realidad incómoda. La aprobación de la Ley ofrecía así una respuesta jurídica a pacientes con enfermedades incurables o “sin posibilidad de alivio” que reclamaban la ayuda del Estado para una muerte digna. Frente a la diversidad de opiniones y lo peliagudo del asunto, la ley se aprobó con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones.
España se convertía así en el cuarto país de Europa en aprobar una ley que reconocía “el derecho que corresponde a toda persona” (cumpliendo ciertos requisitos) a “recibir la ayuda necesaria para morir”. Esta prestación corre a cargo del Sistema Nacional de Salud, es de financiación pública y proporciona los medios necesarios para que una persona que ha manifestado su deseo de morir se le conceda de acuerdo al procedimiento.
En el caso de Noelia Castillo, la joven solicitó la aplicación de la ley y esta tendría que haberse llevado a cabo el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, su padre, junto con el asesoramiento de la entidad ultra Abogados Cristianos, paralizó su fallecimiento mediante una orden de un juzgado de Barcelona. Finalmente, Noelia recibirá la eutanasia este mismo jueves 26 de marzo, como ella misma ha contado en una extensa entrevista para el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. La joven recibirá la eutanasia en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde ha solicitado fallecer sola, sin sus familiares: “No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos”.
Según recoge la Ley, el paciente que solicite la eutanasia tiene derecho a acogerse a cualquiera de las dos modalidades: la administración directa de una sustancia por parte de profesional sanitario competente o que el propio paciente se autoadministre la sustancia bajo prescripción médica para que sea él mismo quien cause su propia muerte. La persona tiene derecho a arrepentirse en cualquier momento del proceso.
El procedimiento consiste en la administración de un fármaco anestésico (concretamente, el propofol) que induce un coma profundo. Antes de seguir con la administración de medicamentos, el facultativo debe asegurarse que el coma se ha inducido correctamente. Tras comprobar que el paciente está en un coma profundo, se administra el medicamento bloqueante neuromuscular (atracurio, cisatracurio o rocuroni) que acaba causando la muerte.
Para acceder a la prestación de ayuda para morir, la persona solicitante debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la Ley. En primer lugar, es imprescindible ser mayor de edad y encontrarse en pleno uso de las facultades mentales en el momento de realizar la solicitud, es decir, actuar de manera “consciente y capaz”. Además, se requiere tener nacionalidad española, residencia legal en España o, en su defecto, acreditar una permanencia continuada en el país durante al menos doce meses. Este criterio garantiza el vínculo del solicitante con el sistema sanitario español.
Desde el punto de vista clínico, la persona debe padecer una enfermedad grave e incurable o bien una condición grave, crónica e incapacitante. Esta situación debe ser evaluada y certificada por el médico responsable, quien confirmará que el sufrimiento es significativo y que no existen alternativas razonables de mejoría. En el caso de Noelia, esta joven de 25 años quedó parapléjica tras saltar de un quinto piso, poco después de sufrir una agresión sexual múltiple.
El proceso también exige que el paciente formule dos solicitudes de manera voluntaria, por escrito o mediante cualquier medio que permita dejar constancia. Estas peticiones deben realizarse sin presiones externas y con una separación mínima de 15 días naturales entre ambas, lo que permite asegurar la firmeza de la decisión. Por último, antes de recibir la prestación, el solicitante debe otorgar su consentimiento informado, tras haber recibido toda la información necesaria sobre su situación médica, las opciones disponibles y las consecuencias del procedimiento.
