El Gobierno porteño avanza con el plan de ordenamiento de la Villa 31 para reforzar la seguridad y frenar el crecimiento sin control. Se sumaron operativos en los accesos con retenes policiales y peatonalización de calles para evitar que entren materiales de la construcción y frenar así que se siga construyendo.
La fiscalización de las construcciones, el desalojo de unidades y terrenos usurpados y el refuerzo de la seguridad, entre otras medidas, son parte del plan para fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos.
El plan de ordenamiento es un conjunto de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
A partir del Plan de Control de Accesos, cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales, tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad, y se suman a otros tres que ya existían; dos calles se convirtieron en contramano, se colocaron bolardos y también habrá controles itinerantes y rotativos de fiscalización para reforzar la seguridad.
Este jueves se realizó un operativo especial: hubo retenes y controles policiales en distintos accesos como Colibrí y Ramos Mejía (al lado de estación de Ómnibus de Retiro), en Yaguareté e Islas Galápagos (cerca del Paseo del Bajo y del Ministerio de Educación de la Ciudad), y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14, vecina al Barrio Saldías).
La urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación.
Jorge Macri destacó el operativo que se realizó días atrás para derribar una casilla en donde se vendían drogas: “Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, aseguró el Jefe de Gobierno.
El primer hito de la actual gestión en la Villa 31 fue la erradicación de la feria ilegal de la calle Perette, donde se vendían cosas robadas. A partir del plan de ordenamiento, hace un mes aumentaron los operativos contra las ocupaciones: se despejaron veredas tapadas por chatarra y que eran usadas como depósitos improvisados por cartoneros o como patios de las casas; también se removió un lavadero de autos que obstruía la calle sobre un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso en plena vereda.
Además, fueron clausurados corralones de materiales para la construcción ilegales, ya que no están permitidos por la ley de urbanización justamente para evitar el crecimiento descontrolado de la villa, lo que aumenta los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos.
La 31, ubicada en el corazón de la Ciudad, frente a Retiro, ocupa 72 hectáreas donde viven alrededor de 45 mil personas en condiciones precarias. Y se convirtió en un ámbito propicio para la especulación y los negocios ilegales. Además de la venta de “espacios aéreos” como los techos de las casas, el alquiler de una vivienda oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos. Los locales comerciales son más caros: entre 1,5 y 1,8 millones por mes. Así, quienes lucran con la informalidad se aprovechan de personas que necesitan alquilar y no logran cumplir con los requerimientos que piden las inmobiliarias en otros barrios.
