El vicejefe de Gabinete de Estados Unidos, Stephen Miller, afirmó que el destino de Cuba “está en sus propias manos”, en el marco de la ofensiva de presión política y económica que desplegó el gobierno sobre la isla.
“Han visto las sanciones que se han impuesto. Han visto las medidas que ha tomado la Administración (del presidente Donald Trump). En última instancia, depende de Cuba si decide reformarse, si quiere ser un país libre, si quiere ser amigo de Estados Unidos, o si elige un camino diferente. Su destino está en sus propias manos”, señaló.
Las declaraciones se produjeron después de que el fiscal general interino, Todd Blanche, anunciara la presentación de cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida contra el exdictador Raúl Castro y altos mandos de la Fuerza Aérea cubana por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Defensa Anti-Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del estrecho de Florida. Murieron los estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y el residente legal Pablo Morales. Según el expediente judicial, Castro autorizó el uso de fuerza letal y los pilotos actuaron bajo órdenes directas.
La acusación federal incluyó a los pilotos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Luis Francisco Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, señalados por participar en el operativo tras recibir instrucciones de derribar las aeronaves. González-Pardo Rodríguez emigró a Estados Unidos en 2024 mediante una visa humanitaria.
El documento judicial sostuvo que los militares entrenaron para identificar y atacar aeronaves civiles y que ejecutaron el ataque sin advertencias previas.
La imputación formal coincidió con una escalada de la presión estadounidense contra el régimen cubano. El gobierno de Donald Trump incrementó las sanciones económicas, bloqueó el envío de combustible a la isla y reforzó su respaldo a sectores del exilio en Miami.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, consideró poco probable un acuerdo negociado entre Washington y La Habana en el contexto actual, aunque sostuvo que la vía diplomática permanece abierta si el liderazgo cubano cambia de postura. “La probabilidad de que eso ocurra… no es alta”, afirmó.
Luego definió a Raúl Castro como un “fugitivo de la Justicia estadounidense” y evitó precisar si existía un operativo activo para su detención, aunque sostuvo que las pruebas lo vincularon con la decisión de emplear la fuerza contra aeronaves civiles.
Además, detalló un paquete de ayuda humanitaria de USD 100 millones propuesto a la isla, sujeto a que el régimen aceptara la distribución a través de organizaciones religiosas principalmente la Iglesia católica y no mediante estructuras estatales o militares. “Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se va a concretar”, dijo.
En paralelo a las acciones judiciales y diplomáticas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en listas negras a ministros cubanos, altos mandos militares y la agencia de inteligencia, y sancionó a Gaesa, conglomerado militar vinculado a la familia Castro que controla amplios sectores de la economía de la isla. Las sanciones impactaron en la economía cubana: hubo apagones de hasta 22 horas en La Habana, desabastecimiento de alimentos y servicios básicos interrumpidos.
El régimen cubano respondió con el reparto de folletos de defensa civil para preparar a la población ante un posible conflicto. El dictador Miguel Díaz-Canel advirtió que una intervención militar estadounidense desencadenaría una catástrofe. Las protestas por la crisis interna fueron reprimidas por la policía y organizaciones de derechos humanos informaron un récord de presos políticos.
