La estabilidad en los calendarios escolares que la administración bonaerense exhibía como uno de sus principales logros políticos ingresó en una fase de turbulencia. Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), espacio que nuclea a SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, confirmaron una huelga provincial de 24 horas para el próximo jueves 15 de octubre. La medida de fuerza dejará sin clases a millones de alumnos en los establecimientos de gestión pública y privada de los 135 distritos bonaerenses, colocando bajo fuerte presión al gobernador Axel Kicillof.
La decisión sindical surge en el marco de una adhesión masiva al plan de lucha federal convocado por las centrales nacionales (CTERA, CEA y federaciones universitarias), que confluirá en la Marcha Federal Educativa con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna "Por la educación, la soberanía y la democracia", con réplicas en las principales cabeceras del interior del país.
Las columnas gremiales concentrarán frente al Congreso de la Nación para repudiar el desfinanciamiento presupuestario dispuesto por la gestión de Javier Milei, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el congelamiento de las partidas para infraestructura escolar y el deterioro de los haberes jubilatorios. Sin embargo, el paro tiene un doble impacto, porque expone el estancamiento de las negociaciones paritarias entre los funcionarios de Axel Kicillof y las cúpulas gremiales provinciales, que hasta el momento no alcanzaron una oferta que compense el salto del costo de vida.
El anuncio del paro no llega de manera aislada. El último martes, nutridas columnas de maestros y profesores ya habían ganado las calles del centro de La Plata con concentraciones frente a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y al Ministerio de Trabajo, demandando acelerar la pauta salarial y corregir problemas edilicios crónicos en las escuelas del conurbano y el interior.El temario de exigencias que el FUDB llevará al paro y a la movilización abarca el cierre de una recomposición que supere los índices de inflación real y recomponga la escala del básico, la exigencia al Gobierno nacional para que devuelva la masa de fondos específicos que representaba hasta un 15% del haber de bolsillo, la convocatoria a la mesa de concertación federal con piso salarial garantizado, y el blindaje irrestricto al régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense y actualización automática a pasivos.
