El duro dato de la pobreza obliga al Gobierno a recalcular la intensidad del ajuste fiscal

Aunque era esperado que la medición de pobreza que el INDEC difundió ayer marcara un fuerte aumento, lo que se confirmó con el 52,9% de la población pobre en la Argentina según la estadística oficial, los alcances de la repercusión de ese dato son todavía inciertos.

Desde la política y también desde ámbitos críticos de la economía apuntaron a la fuerte recesión como principal herramienta para bajar la inflación mientras que otros analistas tuvieron el enfoque inverso: fue la alta inflación de los primeros meses del año la que provocó una caída real de los ingresos de magnitud y, en consecuencia, la recesión, lo que provocó el aumento de más de 11 puntos de la pobreza.

 
En cualquier caso, esa foto social impone una reacción oficial. El relato del “ajuste más grande de la historia” del que se enorgullece el presidente Javier Milei, quien además lo promociona como un logro en el exterior, se convierte en un boomerang a la luz de los costos de los que las cifras del INDEC dieron cuenta ayer. Y, si bien el Presidente insiste en que “el superávit financiero no se toca” y que “el déficit cero es innegociable”, queda instalada a partir de ahora la duda si el Gobierno podrá seguir avanzando implacablemente en su política fiscal, tanto en las números como en el discurso. Esa inquietud anida habida cuenta no sólo del in crescendo de las presiones políticas por mayor gasto sino también del descenso de los niveles de popularidad que empiezan a registrar las encuestas de imagen y opinión, hasta el momento el principal soporte de la gestión económica.

Por ahora, la estrategia del Gobierno es más que evidente: todo el foco sigue puesto en bajar la inflación lo cual, probablemente influya favorablemente en la próxima medición. No queda claro si, a falta de crecimiento o con una recuperación débil, será suficiente para inducir una mejora significativa. De hecho, el economista Julián Folgar, destacó un punto relevante: a pesar de haber aumentado por la asistencia social a los más vulnerables (AUH y Tarjeta Alimentar) por encima de la inflación como mecanismo, precisamente, de amortiguar el impacto en los sectores más desfavorecidos, la indigencia también aumentó en una alta proporción al pasar de 12% a 18% de la población. Es decir que, a pesar de los refuerzos, la contribución de estos planes orientados esencialmente a ayudar a los hogares pobres a cubrir la canasta básica alimentaria, tuvieron una eficacia limitada.

 
“A mi juicio, este es el dato más llamativo y preocupante para seguir de cerca. A pesar de haber aumentado la AUH y Alimentar (que se sabe no afecta la pobreza pero hasta ahora sí la indigencia), la indigencia en menores saltó al 27%”, destacó Folgar, quien atribuyó esa dinámica a la combinación de pérdida de ingresos por la recesión y el salto inflacionario.

Hacia adelante, el Gobierno podría quitar el pie del acelerador del ajuste y buscar un respiro a los bolsillos, En esa línea, se encadenaron en las últimas jornadas tibios indicios. El más claro, eventualmente, es la decisión de no aumentar en octubre el transporte. Así se les comunicó el miércoles a las empresas de colectivos, lo que evita un nuevo impacto sobre un amplio segmento más sensible de la población, amén de restar presión al índice de precios del mes próximo.

En la misma línea, también los aumentos en las tarifas de servicios públicos se moderarán en los próximos meses. De hecho, el Gobierno apunta a descomprimir la tensión que generó entre los usuarios la llegada de las últimas boletas de luz y gas, con incrementos mayores a los previsto. El cambio de temporada hace que se reduzca el costo de generación de energía, lo que permitiría una leve baja en las facturas o, al menos, evitaría nuevas subas por encima de la inflación.

A partir de la semana próxima, en tanto, también el precio de los combustibles bajaría en promedio 3% según se anticipó desde la petrolera estatal YPF lo cual -nuevamente- quita presión al índice de inflación.

Se trata, eventualmente, de medidas paliativas que no sustituyen el único antídoto indispensable contra la pobreza, el crecimiento económico, y que marcan los límites con los que se topa el superávit financiero el plan de mega ajuste fiscal de Milei.